La respuesta corta
El uso de IA en el Poder Judicial brasileño está regulado por la Resolución CNJ n.º 615, del 11/mar/2025, publicada el 14/mar/2025. Derogó la Resolución 332/2020 y entró en vigor 120 días después, en julio de 2025. La redacción actual es la compilada con la Resolución 674/2026, que modificó la composición del Comité Nacional de Inteligencia Artificial del Poder Judicial.
La norma se apoya en cuatro ideas. Clasificar el riesgo de cada solución (alto o bajo) y prohibir las de riesgo excesivo. Mantener a la persona al mando, con supervisión humana y la última palabra del juez. Registrar y mostrar lo que está en uso, en un registro nacional llamado Sinapses. Y reglar la IA generativa de mercado, ChatGPT y sus parientes, que la norma admite, pero solo con condiciones y con el tribunal enterado. Es la misma lógica de la gobernanza de IA que se le pide a una empresa, escrita en artículos.
Esta guía resume lo que exige el texto oficial, artículo por artículo. No es un dictamen jurídico. Para la IA en el Poder Ejecutivo Federal, que tiene otro conjunto de reglas, vea IA en el gobierno federal.
72 horas
es el plazo para que los órganos del Poder Judicial comuniquen al Comité Nacional de Inteligencia Artificial del Poder Judicial cualquier evento adverso ligado al uso de IA, contado desde su identificación. La comunicación incluye la descripción del incidente, las causas y las medidas adoptadas.
A quién se aplica la norma
La resolución rige para el Poder Judicial: cubre el desarrollo, la gobernanza, la auditoría, el monitoreo y el uso responsable de soluciones con técnicas de IA en los tribunales (art. 1º). Respeta la autonomía de cada tribunal para crear soluciones locales, siempre que sigan los estándares de auditoría, monitoreo y transparencia de la norma (art. 1º, § 1º). La auditoría es proporcional al impacto y no exige acceso irrestricto al código fuente (art. 1º, § 2º).
Quien fiscaliza y orienta es el Comité Nacional de Inteligencia Artificial del Poder Judicial, creado por la propia resolución (art. 15). Fija las directrices y los criterios de la evaluación de riesgo (art. 9º, § 2º) y puede ordenar la reclasificación de una solución (art. 9º, § 3º). Las empresas privadas no son blanco directo de la norma, pero sienten su efecto por contrato: vea la sección sobre IA generativa y las preguntas frecuentes.
La clasificación de riesgo: alto y bajo
Cada tribunal que desarrolla o contrata una solución de IA debe evaluar su grado de riesgo (art. 9º), según el impacto sobre los derechos fundamentales, la complejidad del modelo, los usos previstos y la cantidad de datos sensibles. La evaluación debe hacerse, preferentemente, en el período de pruebas y homologación o, para las de bajo riesgo, al inicio de la producción interna. El Anexo de la resolución trae las hipótesis.
| Riesgo | Código | Finalidad, en resumen |
|---|---|---|
| Alto | AR1 | Identificar perfiles y patrones de comportamiento de personas o de grupos |
| Alto | AR2 | Evaluar la adecuación de los medios de prueba y valorarlos en procesos contenciosos |
| Alto | AR3 | Investigar, valorar y tipificar hechos como delitos, contravenciones o actos infraccionales |
| Alto | AR4 | Formular juicios concluyentes sobre la aplicación de la norma o de precedentes a hechos concretos, incluida la cuantificación de daños |
| Alto | AR5 | Identificar y autenticar rostro o biometría para monitorear el comportamiento de personas |
| Bajo | BR1 | Actos de trámite y apoyo administrativo: clasificar, agrupar, transcribir y resumir documentos, con supervisión humana |
| Bajo | BR2 y BR3 | Detectar patrones decisorios y precedentes; informes y análisis para apoyar a los jueces, sin sustituir la evaluación humana |
| Bajo | BR4 | Producir textos de apoyo para redactar actos judiciales, con la versión final hecha por el juez |
| Bajo | BR5 a BR8 | Mejorar una actividad humana sin cambiar el resultado, estadística para política judicial, transcripción de audio y video, anonimización de documentos |
Las soluciones de alto riesgo pasan por auditoría regular y monitoreo continuo (art. 11, § 1º) y, antes de entrar en producción, deben cumplir medidas como datos de entrenamiento representativos, registro del grado de supervisión humana, documentación en lenguaje sencillo, logs y explicabilidad siempre que sea técnicamente posible (art. 13). También exigen una evaluación de impacto algorítmico continua (art. 14), cuyo resumen se hace público en Sinapses (art. 24, § 1º). Las de bajo riesgo se monitorean y revisan periódicamente para asegurar que sigan siendo de bajo riesgo (art. 11, § 3º). La lista de alto riesgo se revisa, como mínimo, una vez al año (art. 11, § 2º).
Qué está prohibido
El art. 10 prohíbe al Poder Judicial desarrollar y usar soluciones por riesgo excesivo para la seguridad de la información, los derechos fundamentales o la independencia de los jueces. Son cuatro:
- Sin revisión humana. Soluciones que no permitan la revisión humana de los resultados a lo largo del entrenamiento, el desarrollo y el uso, o que generen dependencia absoluta del usuario respecto del resultado, sin posibilidad de modificarlo o revisarlo.
- Perfilamiento para predecir delitos. Soluciones que valoren rasgos de personalidad, características o comportamientos de personas o de grupos para evaluar o predecir delitos o reincidencia en la fundamentación de decisiones, y para fundamentar decisiones laborales a partir de perfiles personales.
- Ranking de personas. Soluciones que clasifiquen o rankeen personas por su comportamiento, su situación social o atributos de personalidad para evaluar la plausibilidad de sus derechos, méritos judiciales o testimonios.
- Reconocimiento de emociones. La identificación y autenticación de patrones biométricos para reconocer emociones.
Los tribunales deben monitorear de forma continua para que ninguna solución caiga en estas prohibiciones sin que se note. Si ocurre durante el uso, la solución se discontinúa y las razones y medidas se registran en Sinapses, para el análisis del Comité (art. 10, §§ 1º y 2º).
Supervisión humana y transparencia
La supervisión humana aparece desde los fundamentos (art. 2º, V) y los principios (art. 3º, VII). El art. 32 dice que el sistema inteligente debe permitir la revisión detallada del contenido generado y de los datos usados, sin ninguna vinculación a la solución que presente la IA, y que en ningún momento la IA puede restringir o sustituir la autoridad final de los usuarios internos.
Para quien recibe el servicio, el art. 33 manda informar de forma clara, en lenguaje sencillo, que hay IA en el servicio y que su propuesta es consultiva y no vinculante, siempre sometida a la decisión de una autoridad competente. La mención del uso de IA en el texto de una decisión es facultad de quien firma (art. 33, § 3º). La norma también trata el sesgo: el art. 8º manda validar las soluciones continuamente y, si el sesgo discriminatorio no puede eliminarse, la solución se discontinúa y se cancela su registro en Sinapses.
IA generativa: qué pueden usar jueces y funcionarios
Es el tramo más cercano a lo que muchas empresas conocen como Shadow AI. El art. 19 admite que jueces y funcionarios usen modelos de lenguaje de gran y de pequeña escala y otros sistemas de IA generativa disponibles en internet como herramienta de apoyo a la gestión o a la decisión. El camino preferido es un acceso habilitado, provisto y monitoreado por el tribunal (§ 1º).
Si el tribunal no ofrece una solución corporativa entrenada y personalizada para el Poder Judicial, el juez, funcionario o colaborador puede contratar una por suscripción o registro privado (§ 2º). En ese caso la norma impone cinco condiciones (§ 3º):
- Capacitación. Formación específica sobre buenas prácticas, limitaciones, riesgos y uso ético, según un programa estandarizado de alfabetización digital.
- Uso auxiliar. La herramienta apoya la decisión, nunca decide sola. El juez sigue siendo íntegramente responsable de las decisiones y de la información que contienen.
- Datos del usuario protegidos. El proveedor no puede tratar, usar ni compartir los datos que aporta el usuario del Poder Judicial, ni los inferidos a partir de ellos, para entrenamiento o perfeccionamiento.
- Nada reservado sin protección. Se prohíbe usar la herramienta privada con documentos o datos reservados o protegidos por secreto de justicia, salvo que estén anonimizados en origen o existan mecanismos que garanticen la protección efectiva.
- Nada de alto riesgo. Se prohíbe usar la herramienta privada o externa para las finalidades que la norma clasifica como de riesgo excesivo o de alto riesgo.
Además de las condiciones, hay un deber de transparencia: quien contrata una solución de mercado por su cuenta, o el gestor que tiene en su equipo a alguien que la use, debe informar ese uso al tribunal (§ 7º), y los tribunales lo consolidan y lo envían al Comité (§ 8º). Cuando la IA generativa ayuda a redactar un acto judicial, el uso puede mencionarse en la decisión, a criterio del juez, pero el registro automático en el sistema interno es obligatorio (§ 6º).
La lección para una empresa es directa: la norma no prohíbe la herramienta, exige que la institución sepa quién usa qué. Eso es lo que resuelven la política de uso de IA y el inventario de IA. Para el tribunal que contrata IA generativa, el art. 20 enumera lo que debe exigir al proveedor: cumplir la legislación brasileña, la LGPD y la resolución; usar los datos del Poder Judicial para entrenamiento solo en las bases legales de la LGPD; resguardar la reserva y aceptar auditoría externa; adoptar privacidad desde el diseño y por defecto; y prohibir el uso de datos reservados para entrenar modelos, salvo anonimización en origen.
El registro en Sinapses y la transparencia
Sinapses es la plataforma del CNJ que mantiene el catálogo de las soluciones de IA del Poder Judicial, organizado por categoría de riesgo. Toda solución, en desarrollo o en uso, debe estar registrada (art. 24). El momento del registro cambia con el riesgo:
- Bajo riesgo: antes de entrar en producción, con la información mínima, como la finalidad, si es de creación propia o colaborativa, si fue contratada o desarrollada internamente y la descripción de los objetivos (art. 24, § 3º).
- Alto riesgo: después de los estudios preliminares, pero antes de iniciar el desarrollo, con actualización en cada nueva fase o versión relevante (art. 24, §§ 4º y 5º).
El CNJ publica en su sitio la lista de las aplicaciones en uso (art. 25). En los sistemas de proceso electrónico que usan IA, la interfaz principal debe mostrar los modelos en uso, la versión, el código de registro en Sinapses y la fecha de la última actualización, revisada al menos cada 12 meses (art. 21). Los productos generados de forma automatizada registran el uso de IA en los logs mediante etiquetas de identificación (art. 21, § 2º).
Monitoreo, auditoría e incidentes
El Comité monitorea, sin carácter disciplinario, el uso que no siga la norma y puede indicar una auditoría sobre prácticas inadecuadas, uso indebido de datos y falta de transparencia (art. 40). También define el protocolo de auditoría y monitoreo (art. 41) y, al encontrar una disconformidad, fija un plazo de corrección según su gravedad.
El art. 42 obliga a los órganos a informar todos los eventos adversos, entendidos como los incidentes con impacto negativo sobre la operación del sistema, la seguridad de los datos o la prestación de servicios, en hasta 72 horas desde su identificación. El art. 39 completa el cuadro con la rendición de cuentas: nombres de los responsables, costos, resultados buscados y alcanzados y la divulgación de la naturaleza del servicio, de las técnicas, del desempeño y de los riesgos de error, en lenguaje sencillo y en un canal oficial.
Plazos y qué cambió respecto de la Resolución 332
| Punto | Qué dice la norma |
|---|---|
| Publicación | Resolución del 11/mar/2025, publicada en el diario oficial del CNJ el 14/mar/2025 |
| Vigencia (art. 47) | 120 días después de la publicación, en julio de 2025 |
| Adecuación (art. 45) | También rige para los proyectos ya en desarrollo o implantados; los tribunales tuvieron 12 meses desde la publicación para adecuarse, es decir, hasta marzo de 2026 |
| Derogación (art. 46) | La Resolución CNJ 332/2020 dejó de regir cuando entró en vigor la 615 |
| Última modificación | Resolución 674/2026, del 25/mar/2026, que cambió la composición del Comité (art. 15) |
Respecto de la 332, la 615 agregó la clasificación en riesgo alto y bajo con un Anexo propio, la evaluación de impacto algorítmico, un capítulo entero sobre IA generativa, el registro obligatorio en Sinapses, la prohibición explícita de cuatro tipos de solución y el aviso de incidentes en 72 horas.
Por dónde empezar: ocho medidas
Para un tribunal, o para quien presta servicios a uno, la lectura práctica de la norma cabe en ocho medidas:
- Inventariar. Saber qué soluciones de IA existen, en desarrollo o en uso, y registrarlas (art. 24). Sin lista no hay cómo clasificar.
- Clasificar. Definir el grado de riesgo de cada una según el Anexo y los criterios del Comité (art. 9º).
- Dar un responsable. Designar personas o comités encargados de seguir la seguridad y la transparencia (art. 12, III).
- Escribir la regla de uso de IA generativa. Decir qué se puede, qué no y cómo pedir (art. 19). Hay un modelo en la guía de política de uso de IA.
- Capacitar. Formar a jueces y funcionarios sobre riesgos, sesgos y análisis crítico de lo que entrega la IA (art. 3º, VIII, y art. 19, § 3º, I).
- Registrar el uso. Guardar logs y etiquetas del uso de IA y de la información prestada sobre las herramientas de mercado (art. 19, §§ 6º y 7º, y art. 21, § 2º).
- Preparar la respuesta a incidentes. Tener quién comunique y cómo, para cumplir las 72 horas (art. 42).
- Revisar los contratos. Incluir las cláusulas que el art. 20 espera del proveedor de IA.
Dónde entra Tangerin AI
Tangerin AI es la plataforma independiente de gobernanza de IA que descubre, evalúa, gobierna y comprueba el uso de IA en toda la empresa, de cualquier proveedor.
Para quien debe seguir la Resolución 615 o comprobar la conformidad ante un tribunal, la plataforma cubre la parte de saber qué está en uso: descubre las herramientas de IA que las personas realmente usan, clasifica cada una por nivel de exposición, aplica la política de uso con constancia de lectura y guarda la evidencia. El módulo de Compliance incluye la Resolución CNJ 615/2025 entre los marcos que sigue, con controles ligados a inventario, política, clasificación, supervisión humana, reglas para IA generativa y aviso de incidentes. Tangerin AI es una empresa privada, no forma parte del CNJ y no reemplaza el registro en Sinapses ni las decisiones del tribunal. Vea los planes y la prueba de 14 días, sin tarjeta.
Límites de esta guía
- Vale solo para Brasil. Esta guía trata de la norma brasileña. Otros países tienen reglas propias para la IA en el Poder Judicial, que no se incluyen aquí.
- No es un dictamen jurídico. Es un resumen del texto oficial. Para decidir un caso concreto, consulte el texto de la norma y al área jurídica del tribunal o de la empresa.
- Es el texto del 14/nov/2026. Se leyó el texto compilado con la Resolución 674/2026. El CNJ puede modificar la norma, y el Comité todavía define directrices y criterios (como los de la evaluación de riesgo) que no están en el texto de la resolución.
- Cubre el Poder Judicial. No trata del Ejecutivo, del Legislativo, del Ministerio Público ni de estados y municipios, que siguen otras reglas.
- No mide el cumplimiento. La guía dice qué exige la norma, no cuántos tribunales la cumplen.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la Resolución CNJ 615/2025?
Es la norma del Consejo Nacional de Justicia de Brasil, del 11/mar/2025, que establece las directrices para el desarrollo, la gobernanza, la auditoría, el monitoreo y el uso de soluciones de inteligencia artificial en el Poder Judicial. Clasifica las soluciones en riesgo alto y bajo, prohíbe cuatro tipos de solución, regula el uso de IA generativa por jueces y funcionarios, exige el registro en la plataforma Sinapses y el aviso de eventos adversos en hasta 72 horas.
¿La Resolución CNJ 332/2020 sigue vigente?
No. El art. 46 de la Resolución 615/2025 derogó la Resolución 332/2020 desde el inicio de vigencia de la nueva norma, que llegó 120 días después de la publicación (art. 47), en julio de 2025. Quien todavía cita la 332 como regla vigente está desactualizado.
¿Pueden jueces y funcionarios usar ChatGPT y otras IA generativas?
Pueden, con condiciones. El art. 19 permite el uso de modelos de lenguaje y de otros sistemas de IA generativa disponibles en internet como herramienta de apoyo a la gestión o a la decisión, preferentemente mediante un acceso habilitado y monitoreado por el tribunal. Si el tribunal no ofrece una solución corporativa, el juez o funcionario puede contratar una por su cuenta, siempre que haya hecho la capacitación exigida, use la herramienta solo como apoyo, no permita que el proveedor entrene con los datos, no la use con documentos reservados sin anonimizar y la evite en los usos de alto riesgo. También debe informar el uso al tribunal.
¿Qué considera la norma una solución de alto riesgo?
El Anexo enumera cinco finalidades de alto riesgo: identificar perfiles y patrones de comportamiento de personas, evaluar y valorar pruebas, investigar y tipificar hechos como delitos, formular juicios concluyentes sobre la aplicación de la norma a hechos concretos (incluida la cuantificación de daños) y usar identificación facial o biométrica para monitorear el comportamiento. Las soluciones de alto riesgo exigen auditoría y monitoreo continuos y una evaluación de impacto algorítmico. Las de bajo riesgo, como la transcripción, el resumen de documentos y la anonimización, también se monitorean y revisan periódicamente.
¿La norma vale para las empresas que prestan servicios al Poder Judicial?
Directamente, obliga a los órganos del Poder Judicial, no a las empresas. Pero el tribunal que contrata IA debe exigir al proveedor el cumplimiento de la legislación brasileña, de la LGPD y de la propia resolución (art. 20), con la conformidad asegurada por contrato y monitoreada (art. 22, § 1º), la reserva de la información y la posibilidad de auditoría externa. Quien vende a tribunales debe esperar esas cláusulas.
Fuentes
- Consejo Nacional de Justicia (CNJ), Brasil. Resolución CNJ n.º 615, de 11 de marzo de 2025: directrices para el desarrollo, uso y gobernanza de soluciones de inteligencia artificial en el Poder Judicial (texto compilado con la Resolución n.º 674/2026) (2025). https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/6001